Cientos de miles de militantes, miembros de organizaciones sociales y familias que de manera espontánea llegaron hasta la Plaza de Mayo se reunieron este último domingo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar y pedir justicia por los 30.000 desaparecidos.
A 48 años del comienzo de la dictadura, quienes se hicieron allí presentes repudiaron el video negacionista publicado por el gobierno de Javier Milei durante la jornada, así como también los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien históricamente estuvo vinculada con represores y familiares de genocidas.
El documento que leyeron los organismos de derechos humanos desde el escenario:
A 48 años del golpe genocida volvemos a reunirnos en la Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Llegamos hasta acá, como siempre, para gritar bien fuerte: ¡SON 30.000! ¡ESTÁN PRESENTES! ¡FUE GENOCIDIO! ¡Y ESTE PUEBLO YA DIJO NUNCA MÁS!
Hoy es una jornada histórica, con movilizaciones masivas, y es una demostración de que el Pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la organización para defender la democracia.
Nuestros familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos los organismos de derechos humanos en pleno genocidio, cuando salimos a enfrentar a la dictadura más sangrienta. Y así lo hacemos hoy, porque el gobierno de Milei viene por todo: por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad.
Hace 48 años, los genocidas, militares y civiles tomaron el poder en la Argentina para imponer, con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización de la desigualdad social y con ella la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las mismas corporaciones que se beneficiaron entonces, son las que vuelven a hacerlo hoy, con la misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino.
El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo. Esta represión incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con el pueblo. Uno de ellos fue el Padre Carlos Mugica, a quien recordamos a 50 años de su martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia social.
Aquí, en nuestro suelo, la dictadura cívico-militar sistematizó la persecución política, las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención y exterminio.
La construcción del enemigo interno fue el paso previo a la masacre. El sector financiero y agroexportador, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el respaldo de la Iglesia, la corporación judicial y el aparato mediático, fueron sus responsables, no sólo de ejecutar el plan represivo, sino también de la destrucción de la industria, del Estado de bienestar y la entrega de soberanía. El neoliberalismo salvaje que impulsaban sólo podía imponerse quebrando la enorme organización social alcanzada, por eso desplegaron una feroz represión contra trabajadores, estudiantes, militantes y campesinos, generando terror en toda la sociedad, para despojar de derechos, disciplinar y empobrecer a las mayorías populares.
Tras la recuperación de la democracia, y con los hitos claves del gobierno de Alfonsín, como el Informe Nunca Más de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares, vivimos en un permanente enfrentamiento entre dos modelos de país. El neoliberal, encarnado por Menem y De La Rúa en los años 90, que profundizó la política económica de la dictadura y que terminó en la rebelión y la represión del 2001, cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles a defender su dignidad. Y fue nuestro pueblo, también, el que sufrió los 39 asesinados por las Fuerzas de Seguridad, mientras los artífices del desastre continuaron impunes.
Los proyectos transformadores que surgieron del 2001 tuvieron que ver con la organización popular, la movilización y las asambleas, las fábricas recuperadas, el movimiento de desocupados, y un modelo nacional y popular con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de ampliación de derechos que, sin embargo, no pudo consolidarse de manera sostenida.
Después, con Macri volvieron el neoliberalismo, el endeudamiento y el FMI. Sus responsables aún siguen impunes y muchos integran el actual gobierno o son sus socios. El mismo plan económico es el que hoy ejecuta el gobierno de Milei y Villarruel, que empuja a la pobreza y al sufrimiento a la mayoría del pueblo. Argentina no es su Patria. Para ellos, la única Patria que existe es la patria financiera.
Un día como hoy, hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar y luego, en la ESMA, dijo una frase que quedó grabada en el corazón del pueblo argentino: “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades”.
Con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reiniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles.
Desde entonces, han pasado 18 años: más de 1.100 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en más de 300 sentencias. Pero, lamentablemente, sólo una de cada tres está firme por las dilaciones del Poder Judicial, que también existen en el desarrollo de los juicios.
Quienes sostuvieron este proceso, con su esfuerzo han sido los sobrevivientes, ex presos y presas políticas, familiares, organismos de derechos humanos y la sociedad comprometida con la verdad y la justicia. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencia, incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene mezclar a los militares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos.
Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA.
Y seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ?
Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario.
Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad seguimos exigiendo JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES; CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA. Se trata de crímenes atroces: desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte. Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional.
La democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 41 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas de Plaza de Mayo y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a ellas y puedan transitar el camino de la verdad.
Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las Abuelas, que hasta tanto sus padres y madres no conozcan su historia, ellos tampoco. Cortemos de una vez esa genealogía falsa que les impuso el terrorismo de Estado, arrebatándolos de sus madres, apropiándolos como si fueran un botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más completa incertidumbre y condenándolas a una búsqueda eterna.
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIETOS Y NIETAS QUE BUSCAN LAS ABUELAS, QUE BUSCAN SUS HERMANOS Y HERMANOS, SUS FAMILIAS?
Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas.
Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras. Repudiamos los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y exigimos su inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público.
Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos y la preservación de los Sitios y Espacios de Memoria, lugares fundamentales para la educación, archivo, protección patrimonial y promoción de derechos en todo el país.
Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado.
¡SON 30.000! Son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha.
Y casi medio siglo después, seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN?
¡ROMPAN LOS PACTOS DE SILENCIO!
Desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia.
El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada de Martínez de Hoz.
A días de asumir, instrumentaron una devaluación que significó una pérdida enorme para los salarios y jubilaciones. Pretenden desmantelar el sistema laboral, previsional y de la seguridad social con las peores recetas del neoliberalismo. Han arrancado partes enteras del Estado destinadas a la ayuda social. Han interrumpido el envío de alimentos a los comedores populares. Es necesario que se restablezcan de inmediato. Está claro: lo único que genera este plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para la mayoría. En los barrios populares se vive una emergencia humanitaria sin antecedentes en nuestra patria.
Le recordamos a este gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta.
Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión. Especialmente grave es que la conducción política de las Fuerzas Armadas la ejercen hoy, en puestos claves, militares retirados, y que la conducción de la AFI también está en cabeza de militares. Este avance castrense merece mayor conocimiento y atención pública.
Defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la Constitución Nacional. Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado.
Defendemos la educación y la salud pública y denunciamos su vaciamiento, como también de todos los organismos de la ciencia y la cultura. Recortan políticas para la igualdad de género e intentan prohibir el lenguaje inclusivo, ignorando la potencialidad del movimiento de mujeres y del colectivo de la diversidad sexual.
Pretenden privatizar las empresas del Estado. La Patria no se vende: se defiende. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una colonia, muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no sólo son estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables.
El gran desafío de nuestro pueblo y el reclamo al gobierno nacional y a las provincias es la lucha contra el hambre. No es posible que en nuestro país, que es productor de alimentos, haya niños y niñas pasando hambre, o jubilados que dependen de su familia para alimentarse o comprar medicamentos.
La deuda externa es impagable e inmoral. Es mentira que no hay plata. Se deben investigar los préstamos del FMI que contrajo Mauricio Macri para facilitar y acelerar la bicicleta financiera. Ese dinero nunca llegó al pueblo. Volvemos a denunciar la fuga de capitales del país. La deuda es con el pueblo y no con el FMI. Patria sí, colonia no.
El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. ¡Las Malvinas son argentinas! Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN.
¡Tenemos 30.000 razones para defender la Patria!
¡Nunca Más miseria planificada!
La Unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidades debe ser mandato urgente para organizar la resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento.
Pedimos a los gobernadores que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras, el extractivismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza y hambre. Que respeten a los pueblos originarios, sus culturas y sus tierras comunitarias. El Gobierno de Milei intenta derogar la ley de tierras que puso un freno a los capitales extranjeros para la adquisición de territorios, muchos de los cuales pertenecen a las comunidades de pueblos originarios, que viven permanentes situaciones de desalojos y persecución.
Vemos en el gobierno de Milei actitudes de extrema crueldad y violencia hacia quienes piensan distinto. Niega los aportes que los movimientos populares, de las mujeres y los organismos de derechos humanos hemos realizado a lo largo de estos 40 años de democracia.
¡Un gobierno que no está al servicio del pueblo, está en contra del pueblo!
La erradicación de la violencia institucional sigue siendo una deuda. La impunidad de los crímenes de la dictadura, permitida durante años, tuvo sus consecuencias en la democracia.
Este gobierno ha puesto en marcha un protocolo represivo destinado a impedir el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Así como hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las decenas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado. Repudiamos la persecución en Jujuy a la población que lucha por sus derechos y en particular la desatada contra Roque Villegas, Lucía González y Nahuel Morandini y reclamamos su inmediato desprocesamiento.
Seguimos reclamando justicia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel y de todas las víctimas de la violencia institucional y represión ilegal. Rechazamos enérgicamente la doctrina Chocobar que pretenden volver a imponer con más ferocidad. Reclamamos el compromiso con una seguridad democrática.
¡Libertad ya para Milagro Sala, presa política!
Repudiamos la brutal agresión sufrida por una integrante de la Agrupación H.I.J.O.S., nos solidarizamos con ella y exigimos a las autoridades competentes investigación y castigo a los responsables. Este atentado vuelve a poner en riesgo los avances consagrados en materia de derechos humanos a lo largo de cuarenta años de democracia. Los más elementales de ellos: la vida, la integridad, la libre expresión se encuentran amenazados y violentados.
¡Nunca Más el odio, Nunca Más la violencia política!
Reafirmamos el compromiso con los derechos humanos que nos atraviesan cotidianamente: la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la cultura y el trabajo. Y también con las infancias y la juventud. Con la sociedad, el Estado y el medioambiente que les dejamos. Debemos fortalecer los valores fundamentales de los derechos humanos, de la solidaridad y la protección colectiva.
Ante el fuerte deterioro de las condiciones de vida en nuestro país, gran parte de la población apoyó una propuesta negacionista, autoritaria y que, finalmente, gobierna en contra de los intereses del pueblo. No nos resulta indiferente y nos interpela. Será preciso ampliar y reformular el movimiento político y social, y la construcción colectiva que permita trazar nuevos horizontes.
Vamos a seguir cuidando la democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad.
