A poco más de dos semanas de la cadena nacional en la que Javier Milei apareció junto a su gabinete completo y a Federico Sturzenegger, el presidente finalmente envió al Congreso de la Nación el “mega DNU” de desregulación de la economía.
Vale la pena recordar que todo el texto, que incluye 366 medidas de las más variadas y controversiales, está actualmente en plena vigencia desde el último 29 de diciembre excepto la reforma laboral, que fue suspendida por la Justicia.
Para que el “Decretazo” pierda vigencia hay dos vías: la judicial, por la cual un tribunal debe suspender su aplicación —como pasó con las leyes laborales a través de medidas cautelares presentadas por la CGT y la CTA— o eventualmente declare su inconstitucionalidad; y la legislativa, es decir que el Congreso de la Nación lo rechace, lo que no ha ocurrido nunca en la historia argentina. Para que esto último suceda debe ser rechazado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores.
Ahora que fue girado por el Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por 8 senadores y 8 diputados, es la que se encargará de evaluar su validez pero sin juzgar su contenido durante los próximos diez días hábiles. Si no lo hace, deberá tratarse en el recinto sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas: los legisladores deberán pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Si eligen no tratarlo, el DNU podría seguir vigente por tiempo indeterminado.
