Al igual que el resto de los ministros del gobierno de Javier Milei, la canciller Diana Mondino firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, derogación de leyes y ajuste laboral pese a que podría existir un claro conflicto de intereses entre su función pública y sus negocios privados.
En las últimas horas, el portal Ámbito Financiero informó que “pudo corroborar que, de acuerdo con la información que publica el Banco Central de la República Argentina, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es la accionista mayoritaria del Banco Roela junto con su hermano Guillermo Mondino“.
“Un informe de una calificadora de riesgo publicado el 15 de diciembre de este año confirma que la composición accionaria no se modificó“, indicaron luego tras remarcar que la eliminación del tope de intereses punitorios y la eventual privatización del Banco Nación a través del “mega DNU” podrían favorecer a las entidades financieras privadas y a sus accionistas.
En esta línea, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) consideraron que su posición abre varios interrogantes: “De acuerdo con las reglas vigentes de conflictos de intereses, la canciller debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU vinculadas a la actividad bancaria en la cual tiene interés patrimonial“.
“Es una situación a prestarle atención. La Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses“, remataron desde Poder Ciudadano.
