Este martes a la madrugada, y con la firma del presidente Javier Milei, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que efectiviza el despido de más de 7.000 empleados estatales y la revisión de la situación de los trabajadores públicos que estén en funciones desde antes de 2023.
El artículo 1° de la medida gubernamental establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
En esta línea, se especifica que la misma abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023”, que trabajen para la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos la ANSES, el PAMI y la AFIP, entre otros.
Por otro lado, la normativa indica que los trabajadores de planta permanente no serán afectados y que se excluye también a las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales” y al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.
También se permitirá la renovación del contrato de aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
