La declaración de la educación como servicio esencial incluida en el “mega DNU” promulgado el jueves a la madrugada por el presidente Javier Milei hizo saltar por los aires a los docentes: la medida fija, entre otras cosas, un piso del 75% de asistencia durante las medidas de fuerza y, para poder instaurar la modificación, el decreto eliminó los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fijaban los parámetros para definir la esencialidad.
“Repudiamos la declaración de esencialidad de la educación porque limita, prohíbe y restringe el derecho a huelga. La educación es un derecho social inalienable, no una mercancía“, advirtieron desde CTERA en un comunicado compartido, además, por Suteba, UTE y el resto de los sindicatos provinciales de la confederación.
“Alertamos sobre la gravedad institucional, democrática y el espíritu anticonstitucional que dichas medidas neoliberales, de este DNU, pretenden realizar a través de derogaciones de leyes esenciales“, indicaron luego.
En diálogo con Página 12, la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, subrayó: “Cualquier declaración de esencialidad en realidad tiene un solo objetivo: no es pedagógico o para mejorar la educación, sino para restringir el derecho de huelga y cercenar la Constitución. Además, la declaración va en contra de las resoluciones de la OIT, que está formada por patrones, trabajadores y estados, y sobre este tema ha fallado reiteradas veces declarando que la educación no es esencial”.
En esta línea, alertó también sobre las consecuencias que tendrán otros puntos que se encuentran dentro del DNU como “el cambio de las licencias por embarazo, la declaración de emergencia previsional que puede afectar fuertemente la jubilación docente y la movilidad jubilatoria, y la derogación de la Ley de Alquileres en un gremio en el que somos mayoritariamente mujeres y, en un porcentaje altísimo, sostenes de familia que alquilan“.
“En la docencia vamos a tener un combo explosivo: aumento de inflación, no hay convocatoria paritaria, aumento de los alquileres, represión a la protesta social y posible modificación a las leyes jubilatorias. A eso hay que sumarle el aumento de los transportes y los servicios. Para un docente va a ser imposible llegar a la primera quincena, ya no a fin de mes“, concluyó.
