Con más de 15.000 firmas juntadas en los últimos días, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas denunciaron ante organismos internacionales el “protocolo anti-piquetes” presentado por el gobierno de Javier Milei.
Según informaron a la prensa y a la sociedad, se enviaron dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente, denunciando el nuevo modus operandi para protestas sociales anunciado por la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación y ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
“Esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos”, indicaron desde el organismo.
“En los escritos enviados desarrollamos las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explicamos que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, explicaron.
Y subrayaron: “El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. Contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Por ello, le pedimos a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta“.
“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan“, remataron.
