Este último miércoles los “metrodelegados” realizaron un paro total del servicio de 10 a 13 horas exigiéndole a las autoridades reducir la jornada laboral y la desasbestización de la red y las formaciones: hay un fallo de la jueza Elena Liberatori para que se remueva el material cancerígeno del subte pero, según los trabajadores, eso no está sucediendo.
Tras la medida de fuerza, la precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apuntó vía Twitter contra el gremio: “Otra vez los porteños son víctimas de los piquetes y de los paros en el subterráneo. Más allá de las razones que tengan, ninguna protesta puede interrumpir un servicio público. Necesitamos ley y orden, basta de ser rehenes de los que se creen dueños de la calle y del trabajo de todos. Conmigo, esto se acaba”.
Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. El metrodelegado Claudio Dellecarbonara le resondió a la ex titular del PRO en diálogo con el portal BigBang: “Bullrich no sea ridícula. Los trabajadores del subte no interrumpimos nada, hacemos huelga en nuestros puestos de trabajo, derecho constitucional se llama. Rehenes somos nosotros y los usuarios de la política criminal de su partido de contaminarnos y matarnos con asbesto“.
“Somos rehenes de una política criminal que tiene el Gobierno de la Ciudad y la concesionaria Emova, que en lugar de dar la respuesta que se necesita, la que marca la ley, la que marcan las normativas internacionales y nacionales, niega la realidad, la desconoce y la minimiza”, subrayó.
“Ya tenemos tres compañeros fallecidos en el lapso de los últimos cinco años, 90 afectados, cuando todavía no se le hizo el examen médico a la totalidad de los trabajadores. Le preguntaría a todos los precandidatos qué harían en el supuesto caso de que fueran presidentes o jefes de gobierno, en relación a esta denuncia tan profunda que venimos haciendo, donde hay una responsabilidad manifiesta de diferentes gobiernos. Ahora le toca al de la Ciudad, pero anteriormente era una responsabilidad nacional y tampoco se hizo”, prosiguió.
Y remató: “Esto si no fuera tan trágico sería cómico. Porque habla de ley y orden y es parte de un partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires y que no respeta ni la ley ni el orden porque hay una legislación nacional desde el 2003 que plantea que está prohibido el asbesto en todo ámbito, la manipulación, la compra, la venta, el contacto con las personas. Como estos candidatos, en general no viven ni viajan como trabajadores, tampoco representan sus intereses. O sea, la ley y el orden es para permitir a una empresa siga llevándose enormes ganancias a costa de la vida, de la salud de trabajadores y usuarios, sin realizar el mantenimiento, la inversión, ni las obras que corresponderían para tener un servicio que debería ser cómodo, eficiente y, sobre todo, seguro, algo que está muy lejos de ser hoy”.
