El derrotero de la “Ley de Humedales” en la Argentina va de la mano con la reticencia de buena parte de la clase política y empresarios que se niegan a tratarla: se presentó por primera vez en 2013 pero, una década después, nunca logró ser aprobada en el Congreso de la Nación.
Incluso durante el 2022 dos proyectos obtuvieron dictamen en un plenario de las comisiones de “Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura” pero luego las iniciativas fueron trabadas y ahora no fueron incorporadas al temario de sesiones extraordinarias por el gobierno nacional que, en campaña, prometió darle tratamiento legislativo.
En las últimas horas, Amnistía Internacional emitió un informe alertando sobre el avance de la emergencia ígnea en el país y pidió que se sancione la ley para ofrecer “las mayores garantías posibles para la protección de los territorios”. Vale la pena recordar que entre los puntos centrales de la ley se establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas en todo el país.
“Es necesario dado que se registraron focos ígneos en todas las provincias durante 2022 y más de 560 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego en el país“, subrayaron desde la ONG.
En esta línea, destacaron que los humedales son fundamentales para la “mitigación y prevención de los incendios”, que representan el 21% de la extensión del territorio nacional y que “son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance del fuego y amortiguan los efectos de las tormentas e inundaciones al absorber el agua lentamente”.
