Hace algunas semanas atrás y luego de meses de ser ignorados por las autoridades, estudiantes de una veintena de colegios decidieron tomar los establecimientos para exigir una “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas“, es decir, “viandas dignas” y en contra de las reformas inconsultas por parte del gobierno porteño tal como son las prácticas laborales obligatorias (ACAP).
A pesar de la magnitud que cobró la protesta y que incluso algunos gremios docentes decidieron parar para manifestar su apoyo a la medida de fuerza, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanzó en la senda de disciplinar a la comunidad educativa.
En las últimas horas se conoció que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su titular del Ministerio de Educación, Soledad Acuña, efectivamente denunciaron penalmente a 366 “adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado” de las tomas a colegios secundarios.
Se hizo a través de 25 denuncias penales a la vez que se informó, además, que “están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85”.
“El Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas”, remataron.
La decisión fue, por supuesto, cuestionada por los centros de estudiantes y por los gremios docentes. “Es un intento más del gobierno de dividir a la comunidad educativa entre padres, docentes y estudiantes que por supuesto va a volver a fracasar. La comunidad educativa está unida y así lo manifestó en la marcha de diez mil personas que hicimos junto a estudiantes, docentes y familias”, señaló Eduardo López, dirigente de UTE-CTERA.
También los organismos de derechos humanos salieron a manifestar su repudio y a prestar ayuda: “Desde ya que lo rechazamos y los repudiamos y nuestros abogados están a disposición para defender a las familias de las escuelas públicas porteñas“, remataron desde H.I.J.O.S, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
