El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires finalmente denunció penalmente a los padres de los alumnos que realizaron toma de escuelas para exigir una “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas“, es decir, “viandas dignas” y en contra de las reformas inconsultas por parte del gobierno porteño tal como son las prácticas laborales obligatorias (ACAP).
En el caso que más ha suscitado la atención de los medios, la toma Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta”, ya fueron demandados ocho padres y madres que, según la cartera que conduce Soledad Acuña, “consintieron la participación de sus hijos en la toma”.
En esta línea, desde el ministerio porteño indicaron que además “se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela“.
El procedimiento se repitió en algunas otras escuelas tomadas como el Lengüitas, el Lorca y el Liceo 5, con notificaciones a las familias, inclusive a cargo de la Policía de la Ciudad, asistiendo en patrulleros a los domicilios particulares.
La respuesta de la administración de Horacio Rodríguez Larreta a los reclamos estudiantiles y el modus operandi para disciplinar a los alumnos y las alumnas ya ha generado un amplio repudio.
Un padre de la Escuela Nini Marshall DE 20 de Villa Luro, por ejemplo, aseguró ante los medios: “Que venga a buscarme Larreta y Acuña con la denuncia penal. Las familias estamos todas de acuerdo con el reclamo de nuestros hijos. El ministerio de educación nos quiere hacer firmar un documento haciéndonos responsables de las tomas que realizan nuestros hijos, y obviamente nadie va a firmar ese papel”.
Por otro lado, el padre de un estudiante que asiste al Mariano Acosta, señaló: “Hay una clara persecución a estudiantes que ahora se extiende a las familias de la comunidad educativa. Hace muchos años que los chicos vienen trabajando y reclamando por sus derechos y la ministra jamás los quiso recibir”.
Por fuera de los estudiantes y sus padres, cientos de referentes y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, las infancias y las adolescencias emitieron un comunicado repudiando “la persecución del Gobierno de la Ciudad al movimiento estudiantil”.
Con las firmas de, por ejemplo, Taty Almeida y Nora Cortiñas, el escrito sostiene: “El ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún, por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello. No es con el Código Penal, ni las amenazas contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente estas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con les adolescentes“.
A pesar de que los colegios que habían iniciado las tomas decidieron levantarlas, actualmente las protestas continúan en otras once instituciones: el Carlos Pellegrini, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone.
