Este último miércoles el gobierno nacional oficializó el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste firmados en 2018 por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel.
En ese momento, a través los decretos 608 y 607, renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de los dos corredores viales con las empresas Ausol S.A y GCO S.A. Allí las concesionarias firmaron acuerdos que “comprometían” al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi U$D 2.000.000.000.
Según las autoridades, y luego de una auditoría, las mismas son “lesivas al interés general” y “generaron un enorme daño económico al Estado Nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
“Lo que había era un escándalo. Estuvimos más de un año con auditorías. La presunta deuda que el gobierno de Macri les reconoció a las dos autopistas no tenían en el expediente ningún elemento demuestre su existencia. Además, esa deuda se dolarizó con un ajuste del 8% anual. Estamos hablando de 800 millones de dólares“, detalló este jueves Gabriel Katopodis en diálogo con AM750.
“Pretendemos que esas concesiones vuelvan al Estado. Para pagar esa deuda se prorrogó la concesión de manera arbitraria. Y se estableció un cuadro tarifario donde todos los usuarios contribuyan a la cancelación de la deuda“, explicó luego el titular del Ministerio de Obras Públicas.
“Y esta demanda seguramente será acercada como prueba en la justicia penal federal, donde se investigan estos contratos en la llamada ‘Causa Peajes’. El sistema era siempre el mismo. Estaba pensado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos. Estaban de los dos lados del mostrador. No hay ninguna duda de que aquí, más que conflicto de intereses, hubo funcionarios que les garantizaron ganancias extraordinarias a los empresarios”, concluyó.
