Las aguas parecen haberse calmado algo desde el fin de semana para acá pero parece simplemente una tregua dentro de una batalla más larga: mientras la administración de Horacio Rodríguez Larreta defiende lo actuado por la Policía de la Ciudad en el barrio de Recoleta, desde el Frente de Todos consideran que el operativo de seguridad montado por el gobierno porteño tuvo la finalidad de provocar a los manifestantes, detener personas y reprimir.
“La intención fue provocar a los dirigentes para decir que los desmanes se habían ocasionado por una supuesta violencia e irresponsabilidad de ellos y con eso tener una razón para reprimir y armar una cacería. Iban directamente a buscar a los que no tenían fueros”, señalaron ante la prensa desde el oficialismo.
La vocera presidencial, Gabriela Cerruti denunció incluso el domingo que “la policía de Horacio Rodríguez Larreta identificó por nombre, cargo y fueros a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Andrés Larroque. Quiso detener a Cristina Álvarez Rodríguez y detuvo a dos diputados. Llevó escombros y espías. Fue un operativo de provocación y persecución política claro y planificado“.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, por su parte, compartió el video de Máximo Kirchner siendo golpeado: “El sábado cuando nos encontramos, Máximo me contó la agresión que sufrió de parte de la policía de Larreta. Pero la filmación supera todo lo que pude imaginar. Fue violencia mafiosa. Cumplían órdenes de Larreta, que a su vez cumple órdenes de Macri“.
En las últimas horas, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos exigió a través de un comunicado la renuncia del titular del Ministerio de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, y adelantó que presentarán un proyecto para que el jefe de gobierno porteño vaya a la legislatura “a dar explicaciones”.
Y, por otro lado, los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, denunciaron a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por filmar a los manifestantes: “Venimos a formular denuncia penal por la posible comisión de delitos violatorios de la Ley de Inteligencia Nacional y a solicitar su urgente trámite, en virtud de los hechos ocurridos en torno al accionar de la Policía de la Ciudad en ocasión del operativo desplegado el 27 de agosto en las inmediaciones del domicilio particular de la vicepresidenta”.
