Pasaron nada más y nada menos que tres décadas para que la Argentina finalmente tenga una nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual: la misma había contado con media sanción en la Cámara de Diputados a principios de mayo y consiguió la aprobación del Senado en las últimas horas.
El proyecto fue votado por sesenta votos a favor y uno en contra, efectuado por el jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.
¿Cuáles son las claves del proyecto?
Se encuentra la prohibición de test de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) en los preocupacionales. Este no es un ítem menor: apunta a ir contra el estigma de la discriminación y una práctica de los empleadores que se extienda hasta el día de hoy, obstaculizando el acceso al mercado de trabajo y tornando aún más vulnerable la situación de los que intentan acceder al mismo.
Por otro lado, la ley tiene un capítulo especial con perspectiva de género, tomando en cuenta “la realidad de la vivencia de mujeres y personas gestantes con VIH, atendiendo el derecho al parto respetado sin violencia ginecológica, así como el derecho de niños que nacen con madres, padres o xadres del acceso a la leche de fórmula por 18 meses”.
Se propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
Por último, el proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
