Después de más de un mes de discusiones en comisiones, la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes para reformar la “Ley de Alquileres”, una cuestión clave para las cientos de miles de personas que, cíclicamente y año a año, luchan por pagar su alquiler, negociar nuevos contratos, mudarse y ver como le cuesta llegar a fin de mes ante cada actualización.
El dictamen de mayoría fue impulsado por el Frente de Todos: propone, además de mantener el plazo de tres años de los contratos, que el índice de actualización sea en base al IPC y el RIPTE, la remuneración promedio sujeta a aportes al sistema previsional que perciben los trabajadores formales y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
Sin embargo, la oposición volvió a mostrar músculo y unidad en el recinto: su proyecto de reforma de la ley juntó apenas una firma menos que el del oficialismo y tiene serias chances de convertirse en norma durante la semana próxima o los primeros días de julio.
El acuerdo opositor juntó a Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas: entre sus puntos principales, la iniciativa reduce nuevamente a dos años el plazo de los contratos de alquiler, uno menos que la ley actual, y estipula que no habrá topes para la actualización del alquiler, dejando el precio librado a un acuerdo entre las partes, con la posibilidad de que sea de entre 3 y 12 meses. La referencia para esa actualización la dará una combinación de tres índices: el Índice de Precios al Consumidor (IPC, que es el dato mensual de inflación), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS). Los tres son elaborados por el Indec.
📌 Se estima que hay más de 9 millones de inquilinos e inquilinas a lo largo y ancho del país: además, hay aproximadamente 3,8 millones de familias con problemas habitacionales, y 2 millones de viviendas vacías
Desde Inquilinos Agrupados emitieron un comunicado tras conocerse la noticia: “Desde la Federación de Inquilinos Nacional queremos insistir con esto: la campaña en contra de la ley de alquileres fue para imponer la ley de las inmobiliarias. Cuando decían que estaban preocupados por los inquilinos, pero se juntaban a escribir los proyectos con las inmobiliarias, era para esto. Mientras tanto, y a pesar de la irresponsabilidad de varios sectores de la política que se han cansado de deslegitimar la Ley de Alquileres, la ley sigue vigente y debe cumplirse“.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional manifestó: “Vamos a defender la ley de alquileres hasta el final. Lo que aquí se debate es si el acceso a la vivienda lo decide el Mercado o el Estado, si es un derecho o un negocio“.
“El dictamen consensuado por las fuerzas de oposición de derecha, solo contempla las exigencias de los lobistas inmobiliarios y ataca los dos puntos de la ley que los inquilinos pidieron que no se toquen, el plazo y la actualización“, señaló la diputada Myriam Bregman según consigna “La Izquierda Diario”.
“El dictamen del oficialismo cede a la lógica de que con beneficios o incentivos, se soluciona el problema. Nos hace acordar a otra falsedad que , aunque la repitan, no se hace realidad: que dándole beneficios e incentivos a las empresas se va a derramar en generación de empleo. El gobierno nunca se preocupó por dar soluciones“, agregó la legisladora y militante del PTS-Frente de Izquierda.
Cecilia Pereyra, del Frente Inquilinos de Quilmes y parte de la Coordinadora Inquilinos No Propietarios, remató por su parte: “Estamos pensando en hacer alguna medida de fuerza. La realidad es que no podemos comer, ya no podemos vivir. Si tenemos un único ingreso en una vivienda, es imposible”.
