El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó en los últimos días ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura un pedido para que la ONU se expida sobre las demoras del Poder Judicial en la causa por torturas militares argentinos contra su propia tropa en 1982.
La causa data de 2007 y está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande: hasta el momento tiene 130 jefes militares imputados de los cuales solo tres están procesados y hay 15 llamados a indagatoria que esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema. Lo que concretamente el máximo tribunal debe resolver es si la causa por castigos inhumanos que padecieron los soldados son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles o ya se extinguió la acción penal.
“Hemos decidido sumar una vía más de reclamo, esta vez ante la ONU”, subrayó Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos de la agrupación ante Página 12. Vale la pena recordar que los oficiales que estuvieron al frente de tropas en la Guerra de Malvinas están acusados de haber llevado adelante estaqueamientos a la intemperie, enterramientos, golpizas y demás vejámenes contra sus subordinados.
“Le hemos requerido al relator especial de la tortura de Naciones Unidas que, en el marco de su mandato especial, evalúe el accionar del Estado argentino que, a instancias del Poder Judicial de la Nación, omite, desde hace cuatro décadas, investigar el delito de torturas“, agregó.
La última novedad judicial en torno al tema no fue buena para los ex combatientes: en mayo de 2021, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y disidencia de Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció a favor de no investigar las graves violaciones de derechos humanos en Malvinas.
