A fines de la semana pasada, el juez Aurelio Ammirato declaró la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica.
“La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad de Buenos aires y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria“, aseveró tras conocer el fallo Jonatan Baldivieso a través de un comunicado del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del gobierno porteño en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad“, prosiguió el abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio.
“Firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etcétera“, explicó luego.
Y remató: “Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad de Buenos Aires debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos“.
