Las imágenes que se vieron el último fin de semana en distintas canchas del fútbol argentino no gustaron en el gobierno nacional y mucho menos dentro del Ministerio de Salud de la Nación.
Son pocos los clubes que cumplieron con el 50% de aforo permitido y a partir de ahí se deduce toda una cadena de desidia y desinterés por la salud pública: si falló eso que a simple vista puede verificarse, se puede descontar que el resto de las medidas como la utilización del barbijo y el chequeo de aplicación de al menos una dosis de la vacuna brilló por su ausencia.
En este panorama, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires imputó en las últimas horas al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y al presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, de los delitos de “propagar la pandemia” y “resistencia a la autoridad”.
¿El motivo? Se los acusa de violar el artículo 205 y 239 del Código Penal por no respetar el aforo máximo de capacidad de sus estadios en los partidos que jugaron contra Boca e Independiente, respectivamente.
Tras los allanamientos realizados en el “Monumental”, los investigadores sostienen que en las cámaras de seguridad del club se se puede comprobar que todos los casi 50.000 hinchas que pudieron ingresar al estadio “lo hicieron de manera tranquila, sin desbordes y pasando por los molinetes de manera normal”, por lo que la principal hipótesis es que los molinetes fueron adulterados por el propio club para permitir un mayor ingreso de público.
Vale la pena aclarar que estos no son los únicos dos casos en que se violaron las reglas establecidas por las máximas autoridades sanitarias: las imágenes de público apiñado se repitieron en las distintas categorías del fútbol argentino a lo largo de todo el fin de semana.
