El juez de Dolores, Martín Bava, citó a indagatoria en las últimas horas al ex presidente Mauricio Macri para que comparezca en la causa que investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan y le dictó la prohibición de salida del país.
La hipótesis principal del magistrado radica en que, entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde el propio Estado Nacional se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a partir de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Por ello, en la misma resolución de 166 páginas, se dictó el procesamiento de los ex directores de la agencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes pesan además embargos por 20 millones de pesos.
También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido previamente indagados y a los que se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.
En septiembre de 2020, la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, había denunciado el espionaje ilegal: “El material acompañado demuestra que se hizo inteligencia por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento. Queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la Agencia no tenía –y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas”.
