Ahora, Amnistía Internacional (AI) reclama a las autoridades de la Provincia de Formosa que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 sean respetuosas de los derechos humanos ante las reiteradas denuncias que reciben sobre los tratos y las condiciones en que se vive en los Centros de Atención Sanitaria (CAS).
“Los testimonios que recibimos muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos“, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva.
Según la organización internacional de derechos humanos “se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio” y que, en muchos casos, “a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros”.
📢 Detuvieron por algunas horas a dos concejalas que habían denunciado “tratos inhumanos” en centros de aislamiento de Formosa: “Meten gente sana con gente con COVID-19 positivo” ➡️ https://t.co/rakFPOuBIB pic.twitter.com/KLPo9Xig8t
— 🗞 Diario BA (@diariodeBA) January 22, 2021
En esta misma línea, subrayaron que “la duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento”. Como si esto fuera poco, añadieron que “se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares“.
La cosa no termina ahí. También sostienen que “las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS” -es decir, sin que las personas brinden su consentimiento- y que dichos lugares están las 24 horas custodiados por personal policial y que “no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)” al no tener “intimidad, ventilación, espacios de recreación ni sanitarios propios”.
“Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses. En octubre pasado, Amnistía Internacional ya había alertado por las más de 8.000 personas varadas que no podían regresar a Formosa desde el inicio de la emergencia sanitaria”, remataron en el comunicado.
