Año tras año, miles y miles de padres reclaman públicamente y presentan amparos por la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando la desinversión en materia educativa por parte de las autoridades y el escaso interés en fortalecer el área.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño decidió convalidar el accionar de la administración de Horacio Rodríguez Larreta: declaró inconstitucional un pedido de vacantes -que, entre otras cosas, está amparado en lo que ordena la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires- argumentando que como hay pocas escuelas “se debe priorizar a los sectores populares” y, por ende, quien se pueda pagar una privada no tiene derecho a una vacante.
¿Qué implicancias tiene en lo concreto? Que, de ahora en más, todos los amparos que resultaban en que las autoridades del distrito tuvieran que cumplir con lo que manda la Constitución, comenzarán a ser rechazados.
El fallo despertó la bronca y la indignación en amplios sectores de la sociedad: tanto legisladores de la oposición, como organizaciones sindicales, centros de estudiantes, cooperadoras, docentes y comuneros expresaron su repudio.
“Esta sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta”, plantearon a través de un comunicado, advirtiendo que pedirán el juicio político para los jueces ya que “con su sentencia violan la constitución de la Ciudad de Buenos Aires y limitan el pleno ejercicio de derechos“.
📢 Vale la pena recordar que, según la Constitución, el Estado debe garantizar la educación desde los 45 días: pedir vacantes no puede ser considerado un privilegio
