Sin lugar a dudas, los profesionales de la salud no solo son imprescindibles para combatir la pandemia de coronavirus sino que también son los que más expuestos están.
Los números duros lo confirman: según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, el 7,2% de los casos positivos de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia en la Argentina corresponden a trabajadores de hospitales y centros de atención.
En este contexto –y ante las reiteradas denuncias recibidas por parte de médicos, enfermeros y personales de los establecimientos– la justicia le ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que la mantenga informada cada diez días “del estado de situación de cada uno de los hospitales porteños frente al abastecimiento de los elementos de protección personal”.
El magistrado Marcelo López Alfonsín ya le había pedido a las autoridades porteñas esa información el 25 de junio: ahora exige que se la envíen en “un informe unificado que detalle la situación de cada hospital de forma comparativa”.
Por último, subrayó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) “deberá fortalecer la entrega al personal de salud de elementos de protección personal a efectos de evitar el desabastecimiento, teniendo presente la velocidad con la que se encuentran aumentando los casos de contagio en los hospitales porteños, dando prioridad a aquellos que se encuentran en estado crítico por la atención a los sectores más vulnerables de la Ciudad, como lo es la situación denunciada en el Hospital Rivadavia y el Hospital Fernández”.
