Los organismos de derechos humanos solicitaron al presidente Alberto Fernández y a las dos cámaras del Congreso de la Nación que se inicien los procedimientos para que se disuelva el Obispado Castrense.
A través de un documento que fue acompañado con referencias históricas documentadas, las organizaciones advirtieron que “ha sido instigador y cómplice de golpes de Estado, promovió lisa y llanamente un genocidio, fue soporte ideológico y moral del actuar delictivo de las dictaduras cívico militares, mantiene un silencio contumaz sobre el rol cumplido durante la última dictadura cívico-militar; critica la administración de justicia, solidarizándose con quienes han sido condenados por sus crímenes, y, con desparpajo, realiza injerencias indebidas referidas a las políticas de Estado de nuestro país”.
En esta misma línea, denunciaron el carácter discriminatorio que conlleva la misma existencia de tal institución: por un lado, subrayando que “cuando el peso del sostén del Obispado Castrense (y –dicho sea de paso- de la Iglesia Católica Apostólica Romana en General) recae en todas las personas y no sobre quienes aprovechan en razón de sus creencias y convicciones personales, se vulnera gravemente el principio de igualdad“; por el otro, que su mera existencia “implica necesariamente un conjunto de impedimentos, obstrucciones, restricciones y menoscabo para el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.
Por último, exigieron que “se peticione a la Santa Sede la desclasificación de la documentación producida o reunida por todos los integrantes del Vicariato Castrense entre 1976 y 1983. Entre ellos, los documentos referidos a las gestiones realizadas ante distintos miembros del Vicariato por parte de familiares de detenidos desaparecidos, así como la documentación que refiere a la comunicación interna de esa institución y los intercambios de información con diferentes ministerios y agencias durante el terrorismo de Estado en Argentina”.
¿Quiénes firmaron la petición? Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.
? El Vicariato Castrense -actualmente denominado Obispado Castrense– fue creado a través de un acuerdo suscrito en 1957 entre la dictadura militar comandada por Pedro Eugenio Aramburu y el Vaticano
