El anuncio del gobierno de Alberto Fernández sacudió a la opinión pública y los medios, concentrados desde hace casi dos meses exclusivamente en la pandemia de coronavirus.

Según advirtieron las autoridades nacionales, la cerealera Vicentin endeudada, en concurso de acreedores e investigada por maniobras y préstamos fraudulentos con el Banco Nación– se encontraba en riesgo de quiebra o de quedar en manos de una multinacional extranjera por poco dinero: de ahí la necesidad de “rescatarla” o “expropiarla” a través de una intervención y el envío de un proyecto al Congreso de la Nación.

Sin embargo, a través de un comunicado, el directorio de la empresa aseguró que “se encuentra ajustada al marco legal vigente” y, en consonancia con ello, reivindicó “la legitimidad de proteger sus derechos”.

“El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas”, señalaron en el escrito.

En esta línea, reclamaron “la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país”, subrayando que han “manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.

“Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos cuatro años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión”, advirtieron luego.

? ¡El comunicado completo!

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