Las organizaciones que integran la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en situación de Calle denuncian incumplimiento y falsedad en las medidas anunciadas por el Gobierno de La Ciudad ante la pandemia del Covid-19 para las personas en situación de calle.
En un comunicado, la Asamblea indica que, de los tres dispositivos de emergencia que el Gobierno anunció el 20 de Marzo, solo se abrió el Polideportivo del Parque Chacabuco, para familias, no así los de Parque Avellaneda y Pereyra.
Tambien denuncian que en la línea 108 hay larguísimas demoras o directamente falta de presencia del BAP (Programa Buenos Aires Presente) ante los llamados. Indican que “frente a la pandemia en forma inaudita aumentaron las exigencias del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, a cargo del abogado Jonathan Lifschiz.
En otro párrafo del comunicado, dice que los funcionarios a cargo de dicho programa, “aumentan la expulsión, violentan a las personas, y niegan el subsidio habitacional (con pedidos de documentación por fuera de lo exigido en el decreto que le dio origen) a infinidad de personas y familias, que pasan la noche amontonados sobre cartones en la puerta de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario para ser atendidas”.
Ante estas situaciones y frente al panorama de la emergencia del coronavirus, las organizaciones convocadas y en estado de alerta exigen que “se permita el ingreso directo de las personas y familias en situación de calle a los dispositivos habilitados”. También que se informen las direcciones y las modalidades de ingreso a los dos centros exclusivos para personas mayores y las modalidades de ingreso de los dos centros de inclusión adicionales y los dos dispositivos de tránsito para personas con síntomas de coronavirus. Se pide, además, la entrega de elementos de higiene, tratamientos médicos y derecho a la educación para los niños y niñas.
El comunicado concluye exigiendo “la instalación de postas sanitarias en diferentes puntos de la ciudad, con baños químicos, donde se realicen los controles de salud por sintomatología del virus, además de la entrega de comida, agua, elementos de higiene y repelente para prevención de Dengue y se ofrezca el ingreso y traslado a los dispositivos de alojamiento desde esas postas”, así como también la creación de un Comité de Monitoreo y control permanente con organismos de exigibilidad de derechos como el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Legislatura y las Comunas, “para evaluar y supervisar de manera permanente estos dispositivos a fin de garantizar que se respeten todas las medidas de seguridad y se garanticen todos los derechos de las personas alojadas”.
