El martes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal en la que se avanzó en la aplicación de esa norma en todo el país.
La polémica se suscitó respecto a los límites que se plantean a las prisiones preventivas de los acusados por los delitos de corrupción y de crimen organizado, como narcotráfico y secuestros; así como también para los casos de robos y violaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Como en algunos medios se leyó la medida de manera errada, las autoridades tuvieron que salir a dar explicaciones. “Lo que se hizo fue fijar reglas más claras, fijar pautas objetivas. Bajo ningún concepto deberían autorizarse ningún tipo de libertades anticipadas o revocatorias de prisiones preventivas dictadas. No debería haber liberaciones masivas de presos”, apuntó Germán Garavano en diálogo con Radio La Red.
En esta línea, el titular del Ministerio de Justicia señaló: “Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un Código vigente que fijaba otra forma de de resolver las libertades pero desde hace mucho tiempo los jueces habían dejado de lado lo que decía el código para aplicar la prisión preventiva sobre dos temas de la jurisprudencia, como el peligro de fuga y la obstrucción de la justicia. Ahora, el nuevo Código toma esto que decían los jueces y da ejemplos”.
