En el mes de febrero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) intimó a 40.000 personas con VIH a realizar un “certificado médico digital” en el “centro de salud más cercano a su domicilio” para “revalidar” las “pensiones no contributivas”.
Como si la intimación para realizar dicho procedimiento no bastara para ser considerado un caso de mala praxis estatal, la mayoría de las instituciones y salas donde se debería realizar el trámite no tienen el sistema o directamente desconocer el procedimiento.
Como todos sabemos, del “error no forzado” al aprovechamiento de un artilugio para recortar gastos y ajustar en salud, hay sólo un paso.
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Hasta el momento el gobierno nacional no dio mayores respuestas ni soluciones más que una prórroga temporal: si la situación se mantiene de esta manera, todas estas personas van a perder sus pensiones de $7.280, para muchos su único sustento.
“No poder acceder a un derecho adquirido, como es la pensión no contributiva, por no poder cumplir con una intimación que es imposible de realizar, es inaceptable e implica el desconocimiento de los derechos de las personas: agravan la situación de vulnerabilidad” señalaron desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH.
“Están especulando con derechos adquiridos, con la vulnerabilidad de las personas con VIH. Muchxs cobran pensiones porque el sistema no les ofrece otra alternativa; los echan de los trabajos o ni siquiera les permiten acceder. Eso es revictimización de las personas, es volverlxs a exponer a situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no ofrece respuestas ni alternativas de calidad”, expresaron desde la Fundación GEP.
