Compartimos el comunicado de prensa de #Abuelas por la feliz restitución de la #Nieta129 https://t.co/ghUpGTWuVY
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 9 de abril de 2019
Luego de constatar los estudios y el ADN, fiscalizados por el Juzgado Nacional Nº12 de los Tribunales Federales de Comodoro Py a cargo del juez Sergio Torres, las Abuelas de Plaza de Mayo dieron la gran noticia.
“Nuestros equipos nos han ayudado a encontrar una nueva nieta. La enumeramos para darnos fuerzas para aumentar el número. La #Nieta129 podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. A sus hermanos, uno de ellos está acá, a mi izquierda. Y a su tío, quien también está acá”, señaló Estela de Carlotto en la conferencia de prensa.
“Es hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. Norma Síntora nació el 9 de agosto de 1951 en Cruz del Eje, Córdoba. Allí hizo la escuela primaria y secundaria. En 1968 rindió libres las materias de 5to año y con su hermano Daniel se trasladaron a Córdoba Capital para ir a la universidad. Norma comenzó a estudiar ingenería electrónica”, relató la titular de la organización.
“Durante el ingreso a la facultad, en 1968, conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Sonsona. Carlos venía de estudiar ingeniería química en Santa Fe y decidió a electrónica, para lo cual se mudó a Córdoba. Tras una amistad de varios años formaron pareja en 1974 y en marzo del 75 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos”, prosiguió.
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Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A ella, sus compañeros la llamaban “La morocha”, “Raquel”, “Marta”, o “La Turca”.
“Empezaron a pensar en el exilio pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia, Isolina Beatriz Rochi y Noemí Castro en Moreno, Provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos“, agregó.
La familia radicó tempranamente la denuncia. Recién en 2012 se constató que la partida de nacimiento de una joven era apócrifa y, en 2013, se la invitó a realizarse un ADN. Pese a la posterior negativa de la mujer y la intervención de la justicia, en 2017 se retomó el contacto. Hace dos semanasaceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos.