En enero de este año, la justicia porteña falló contra las rejas instaladas en la Plaza de Mayo, en el marco de una obra de renovación que duró seis meses: su colocación no respeta un artículo del “Código Urbanístico”.
Tras el fallo judicial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tomó la orden del magistrado de modificar el código a través de una nueva ley para poder mantenerlas. Con su mayoría parlamentaria a cuestas, la administración de Horacio Rodríguez Larreta descuenta su tratamiento y aprobación.
En el proyecto se autoriza “la instalación de un cerco de seguridad emplazado de modo transversal desde avenida Hipólito Yrigoyen hasta avenida Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista”.
“La instalación del cerco tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada”, indicaron.
