Por toda América Latina se reproducen, aunque con distintos intérpretes y niveles de gravedad, el mismo triste escenario: grandes empresas mineras que, en complicidad con los gobiernos locales, hacen uso del suelo, el agua y el aire sin importar la huella ecológica y la contaminación ambiental que dejarán detrás.
Esta vez fue el turno de Brasil: Minas Gerais continúa en vilo en medio de una de sus peores tragedias mineras, que hasta el momento dejó 65 muertos, 279 desaparecidos y un rastro de destrucción nunca antes visto en Brumadinho, un pueblo minero devastado tras el quiebre de la represa y la liberación de residuos tóxicos.
“Mientras exista posibilidad de encontrar a alguien con vida, el bombero trabaja con ese foco. Vamos a buscar e intentar localizar personas con vida, aunque con el paso del tiempo la situación se va agravando“, aseveró Flavio Godinho, portavoz de la Defensa Civil de Minas Gerais.
Para colmo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de búsqueda y rescate el último domingo y pusieron a 3.000 personas bajo órdenes de evacuación en medio de temores de que otra represa cercana esté a punto de romperse.
#Brumadinho não foi acidente, mas sim um crime que deve ser investigado, punido e reparado. Exigimos mais rigor no licenciamento ambiental e fiscalização já! Saiba mais: https://t.co/vFBBz8nyG3 pic.twitter.com/bfnY0wY7hR
— Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) 27 de enero de 2019
Greenpeace Brasil fue uno de las primeras organizaciones en salir a denunciar la responsabilidad compartida de los empresarios y los políticos: “No estamos lidiando con un accidente, sino con un crimen contra las personas y la naturaleza. ¿Cuántas vidas todavía tenemos que perder hasta que el estado brasileño y las compañías mineras aprendan de sus errores? La avaricia corporativa y la omisión e ineficiencia del gobierno son culpables del o que pasó en Mariana en 2015 y en Brumadinho en 2019″, sentenciaron.
