La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este último martes la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad, en respaldo a la ley 27.362 sancionada por el Congreso de la Nación en 2017.
En esta oportunidad se eligió el caso de Rufino Batalla, el represor condenado a doce años de prisión por su participación en el centro clandestino “La Cacha” y partícipe secundario del asesinato de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
La negativa a que los genocidas cuenten con el beneficio contó con el apoyo de los magistrados Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. El único que votó a contramano fue el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.
El 3 de mayo del 2017, la Corte Suprema avaló el 2×1 en delitos de lesa humanidad: virtualmente, los genocidas ya tenían un pie en la calle. En esa oportunidad, el beneficio que brindaba esta ley al reducir el cómputo de la prisión, fue votada afirmativamente por Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti.
Sin embargo, el rechazo a la medida fue tal que, ante la indignación pública, un puñado de días más tarde obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto para limitar el beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Su posterior conversión en ley en el Senado fue la confirmación de que no se iba a poder avanzar tan fácil en la impunidad.
En medio del repudio generalizado, y sumado a una avalancha de recursos presentados por defensores de genocidas), cientos de miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo para exigir que no se aplique el beneficio para los torturadores y asesinos de la última dictadura cívico militar.
En julio del 2017, la ex titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que el 2×1 era “inaplicable” para represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Hasta la ONU le pidió a los magistrados que retrocedan en su postura. Luis Muiña, el represor beneficiado por el fallo en ese momento, terminó regresando a la cárcel después de que la Cámara de Casación revocara su sobreseimiento.
