El 15 de noviembre del 2017 se conocía la triste y desesperante noticia: el submarino ARA San Juan, con 44 personas a bordo, desaparecía en el mar.

La Armada Argentina sumó aeronaves y embarcaciones nacionales y extranjeras para intentar encontrar indicios de su localización. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Rusia y Noruega ayudaron con aviones, radares, barcos y otros navíos equipados con tecnología de vanguardia. 

Pese a los esfuerzos, las denuncias, las investigaciones y los pedidos, todavía no hay rastros de la nave y, exactamente un año más tarde, no se saben muchas más cosas de las que se sabían durante los primeros operativos de búsqueda.

En agosto del 2018, el gobierno de Mauricio Macri contrató a la empresa estadounidense “Ocean Infinity”, que cuenta con el buque “Seabed Constructor”, para continuar con las tareas de rastrillaje.

En las últimas semanas, la compañía intentó suspender el operativo hasta febrero y la angustia se desató entre los familiares. Sin embargo, el airado pedido de éstos y la decisión de la Armada Argentina de obligar a la firma a que respete el contrato que estableció un mínimo de 60 días de rastrillaje, surtieron efecto: seguirán buscándolo hasta cumplir con lo pactado.

A lo largo de estos doce meses, entre críticas al gobierno, desazón e incertidumbre, los familiares de los tripulantes organizaron innumerables marchas, actos y protestas, en Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, para pedir que no se bajen los brazos. Y, también, para exigir: ¡Justicia!

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