Tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de 3.000 personas participaron de la cuarta “Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil”, que arrancó en la puerta del Congreso de la Nación y finalizó en Plaza de Mayo.

En simultáneo se llevaron a cabo otras movilizaciones en distintos puntos del país: hubo gente en las calles de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y San Carlos de Bariloche.

A continuación, el documento completo que se leyó en el acto central:

“Estamos acá, en Plaza de Mayo, en la 4° marcha nacional contra el gatillo fácil. Esta iniciativa nació de nosotros, los familiares de víctimas del gatillo fácil de diferentes puntos del país: hoy mismo marchan compañeras y compañeros en Córdoba, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Bariloche, Santiago del Estero, San Juan, Posadas, Jardín América, Cipolleti, Trelew, porque entendemos que el gatillo fácil, ya sea con un fusilamiento, o bajo las ruedas de un patrullero, es una de las formas de represión del Estado, así como lo son las causas armadas, las desapariciones forzadas y la tortura seguida de muerte en cárceles, comisarías, institutos de menores, y en todo contexto de encierro, por eso vemos la necesidad de organizarnos para luchar con mayor fuerza contra estas formas de represión, entendiendo la necesidad de denunciar al Estado represor y opresor del capitalismo burgués.

Desde el comienzo de la marcha nuestra denuncia va dirigida no sólo a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinaron a nuestros hijas e hijos, esposas y esposos, hermanas y hermanos, madres y padres, sobrinas y sobrinos, tías y tíos, amigas y amigos y vecinas y vecinos, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, y que pasan en todos los gobiernos, hay más de 5500 asesinados a manos del Estado desde 1983, nos matan un pibe o piba cada 23 horas. Y si no nos organizamos la impunidad que les garantizan a los asesinos desde el Estado y sus instituciones, mediante los jueces y fiscales, junto con los grandes medios de comunicación, va a ser aún mayor.

Los más de 5.500 pibes asesinados nos dice que no se trata de excesos individuales de algunos policías, tampoco de “manzanas podridas”, sino que son las fuerzas represivas del Estado que cumplen con su rol. Lo cumplieron bajo la dictadura genocida y lo cumplen desde 1983 bajo el régimen constitucional. La defensa explícita que hacen el presidente Macri y su ministra de seguridad Patricia Bullrich del asesino de Juan Pablo Kukoc, celebrando públicamente que el policía Chocobar haya disparado por la espalda, muestra con claridad como el gatillo fácil es una política de Estado. En boca de la ministra Bullrich la “doctrina Chocobar” busca librar de culpa a los policías que asesinan por la espalda, encuadrando su conducta en el “deber de funcionario público”. Coherente con ello, los medios masivos muestran al asesino Chocobar como una víctima de la justicia, que lo procesa por hacer lo que debía hacer, pero pocos recuerdan hoy el nombre del pibe Kukoc y que fue asesinado.

Pero no debemos tomar esta defensa presidencial del policía asesino sólo como una movida discursiva porque tiene consecuencias bien reales. Por ejemplo el asesinato de Facundo Ferreira por la policía de Tucumán, un pibe de 12 años que andaba en moto, ocurrió pocos días después de que Macri se sacara la foto con el asesino de Kukoc. Hace unas semanas, la policía tucumana volvió a atacar a la familia Ferreira, disparando contra su casa, matando a su perro y golpeando brutalmente a su hermano.

Estamos ante una luz verde, desde el cargo más alto del orden constitucional, que es la Presidencia, que llama públicamente a las fuerzas represivas del Estado a hostigar, perseguir, torturar y asesinar a nuestros pibes y pibas de los barrios más humildes.

El mismo día que Bullrich visitó a Chocobar en su casa, ocurrió el asesinato de Christofer “Bocha” Rego a manos de 8 prefectos en Parque Patricios, por el simple hecho de pasar un control vehicular. El pedido de mano dura, que se hace eco del bombardeo de los medios de comunicación patronales que celebran la muerte de los pibes, es un pedido de más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes choreando para la cana, más drogas en los barrios…

La implementación de la “doctrina Chocobar” supone un nuevo recurso para la defensa legal de esta política represiva del Estado. En los juicios la defensa del policía suele plantear hoy la “averiguación de ilícito” o la “legítima defensa”, pero ahora los defensores del asesino tienen un nuevo recurso que es plantear la exención de toda responsabilidad para el represor asesino.

Con Chocobar de nuevo en funciones en las calles, portando un arma, solo es posible esperar que los asesinatos por los uniformados sean todavía más frecuentes. La policía local, de la que este asesino forma parte, desde su creación no ha parado de hostigar y perseguir a los pibes en los barrios del conurbano, a la par o incluso superando la tarea de control social de sus colegas bonaerenses, desde una pretendida “cercanía” con la gente del barrio, desde la puertas de los colegios, las esquinas de las plazas… Ni que hablar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que en su primer año de existencia se anotó 24 casos de gatillo fácil, 2 por mes.

En otra demostración de lo que significa la nueva doctrina, María Eugenia Vidal recibió hace poco días en su despacho a los policías que reprimieron a los trabajadores del astillero Río Santiago en pleno centro de la ciudad de La Plata.

Desde un comienzo la política de CAMBIEMOS fue la perseguir y castigar a los trabajadores que se organizaran por sus derechos, por eso todavía hay detenidos por las jornadas de lucha del pasado 18 de diciembre.

En este contexto de persecución agudizada que plantea el Gobierno, y dentro de una política represiva histórica del Estado argentino contra los pueblos originarios, es que el año pasado se dieron la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, con una gigantesca operación política y mediática que buscaba hacer aparecer a los mapuches que luchaban por sus tierras, y a su líder, el lonko Jones Huala, cuya extradición ya se decidió, como peligrosos terroristas. Con esto el Estado dio un salto en la represión, buscando imponer la idea de un enemigo interno, idea que tomó forma en el decreto presidencial que involucra a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad internas, con la excusa de las nuevas amenazas: el terrorismo, que es como se busca calificar a todo luchador popular que no se rinda, y el narcotráfico, del que el poder político, junto con los jueces, fiscales y policías, son en realidad parte, beneficiándose de sus fabulosas ganancias, como lo hacen con otros negocios ilegales como la trata de personas que secuestra jóvenes como Johana Ramallo, desaparecida hace más de un año, o los pibes y pibas que obligan a robar para ellos en los barrios.

A principios de agosto, a casi 7 años de la desaparición de Daniel Solano, un trabajador golondrina que buscaba organizar a sus compañeros contra una multinacional explotadora en Río Negro, finalmente tuvimos condenas contra 7 policías, pero no se los condenó por la desaparición forzada, que es lo que realmente ocurrió, ya que nunca se encontró el cuerpo de Daniel. Además, en estos 7 años tuvimos que lamentar la muerte de Gualberto Solano, papá de Daniel, incansable luchador, y la de 5 testigos que declararon en la causa y fueron asesinados. El Estado no sólo no reconoció su verdadera culpa, al condenar a los 7 policías sólo por homicidio agravado, sino que para lograrlo, tuvimos que esperar 7 años, y llorar 7 muertos.

De la vecina provincia de Chubut nos llegó este año otra terrible muestra de las muchas herramientas que tiene el aparato represivo para perseguir a quienes se animan a luchar contra la represión. En julio se condenó en una clara causa armada a Jorgelina Domínguez Reyes por homicidio. Jorgelinafue la testigo clave en el segundo juicio (en el primero habían sido todos absueltos) por el asesinato y desaparición de Julián Antillanca, que terminó con una condena para 3 policías, la primera en la historia de esa provincia, y ahora, por ese testimonio, la policía y el poder judicial se encargan de encerrarla.

El 21 de agosto, hace menos de una semana, comenzó el segundo juicio por la tortura y la muerte de Fabián Gorosito, un pibe de Merlo, en el que se encuentran acusados 11 policías. Este juicio es “oral y público”, pero solamente en el papel, porque el tribunal se cuida muy bien de que ingresen los militantes antirrepresivos que se acercan hasta la sala. La impunidad no es amiga de la publicidad, hay que mantener todo en el mayor secreto posible, para evitar la denuncia, para desmovilizar, como nos demostró el año pasado el bochornoso juicio a sala casi vacía contra el asesino de Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, que volvió a salir sin culpa, como en la primera instancia.

En el caso Gorosito, se repitió la regla: todos los policías fueron absueltos tras el primer juicio en 2014, y llegan en libertad a esta nueva instancia. La mamá de Fabián, María, al igual que durante el primer juicio, volvió a sufrir amenazas y hostigamientos. También sufren esto los 3 chicos que hace 8 años fueron torturados con Fabián y que tan valientemente hoy prestan su testimonio en el juicio: Carlos y Maxi Silva, y José Mancini, que sufrió por testificar el asesinato de todos sus perros, que fueron colgados en la puerta de su casa. Esto nos muestra que la burguesía, que tiene el poder, no está dispuesta a dejar que nos organicemos y luchemos contra la represión. Tal como lo demostraron al reprimir a los compañeros y compañeras que organizaron la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Córdoba el año pasado.

En los penales, es el servicio penitenciario el que dispone sobre la vida y la muerte de los privados de su libertad. Una práctica común del servicio es trasladar a los chicos que están cercanos a cumplir condena por delitos menores a los pabellones más peligrosos, exponiéndolos a conflictos para que pierdan el beneficio de la salida en el mejor de los casos, o muchas veces a la muerte. Es responsabilidad del Estado la vida de cada uno de los pibes y pibas que están detenidos, y por tanto el Estado es el responsable de cada una de esas muertes.

Si en los juicios los acusados son policías, estos llegan libres a los tribunales donde se los juzga, al terminar se suelen ir libres de culpa y cargo. Pero si el acusado es un trabajador, como Nelson Aguirre, no importan las irregularidades que hacen evidente que se trata de una causa armada: Nelson llegó preso a su juicio, donde prácticamente no se dejó que ejerciera su derecho a la defensa y fue condenado por algo que no hizo.

Las causas por los asesinatos de nuestros hijos e hijas, de entrada, son desestimadas por la justicia burguesa que plantea que hay investigar un supuesto robo cometido por los pibes y pibas asesinados y no el homicidio por parte de las fuerzas de seguridad, o argumentando la legítima defensa de los policías en un hipotético enfrentamiento, como se planteó en los juicios por los asesinatos de Germán Gómez, Leonel Sotelo, Marcos Acuña que van a ocurrir en los próximos meses. Es gracias a la lucha de nosotros los familiares y al activismo y las organizaciones políticas que nos acompañan, y no del aparato judicial, que logramos hacer avanzar la investigación sobre el asesinato de los chicos y chicas.

Cuando los grandes medios hablan de un chico asesinado por la policía no se refieren a una vida sino que festejan la muerte de un negro villero chorro de mierda. A nosotros no nos importa si nuestros hijos estaban robando o no. Ellos no pueden ser jueces y verdugos de nuestros hijos. Porque se supone que para eso está la justicia, la cual cuando son asesinados nuestros hijos, no existe. También decimos que los primeros chorros son los explotadores, los que viven de nuestro trabajo, ellos son la verdadera mierda de esta sociedad junto a todas las instituciones que les pertenecen.a todos los compañeros y compañeras, a sumarse de lleno a esta lucha, es indispensable y urgente que nos unamos en este grito de BASTA DE GATILLO FÁCIL.

No podemos dejar de decir y entender que debemos organizamos independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos por ser los responsables de la muerte de nuestros hijos e hijas. Entendemos que es necesaria la acción colectiva de nosotros, los familiares de víctimas de la represión estatal, para potenciar nuestra lucha, sin importar que pertenezcamos o no a una organización o partido político, y sin intentar distinguir entre víctimas de primera y de segunda: para nosotros todos los pibes y pibas asesinados por el Estado son iguales. Tenemos que ser capaces de intercambiar y entender nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y propuestas de acción y llevarlas adelante, para que unidos seamos más fuertes. Quién mejor que nosotros, que lo sufrimos en carne propia y aprendimos y aprenderemos a transformar el dolor en lucha, para saber qué es lo que tenemos que hacer y decir frente al asesinato de nuestros pibes y pibas.

Sabemos que no es fácil ni corto el camino que emprendimos, pero tal como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y como dijo una compañera nosotros no sólo luchamos por la sentencia sino también por la conciencia. Porque a nuestros pibes y pibas no nos los devuelve nada ni nadie. Sabemos que ellos viven en nosotros y en cada lucha que llevamos adelante, y que la verdadera justicia no depende de una sentencia, que la mayoría de las veces se la arrancamos con la lucha.

Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque nos sale de las entrañas como salieron nuestros hijos. Justicia va haber cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad.

NO a la doctrina Chocobar
Basta de persecusión a los migrantes
Libertad a los presos políticos
Derogación de la ley de sepultura 24.660
NO la baja de edad de imputabilidad
NO a los milicos a las calles
NI una menos en las cárceles también
Basta de redes de trata
Basta de persecusión y estigmatización a las personas lesbians, gays, travestis
y trans, y a todas las diversidades sexuales y personas no binarias
Basta de torturas y muertes en lugares de detención
Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas
BASTA DE GATILLO FACIL
NI UN PIBE MENOS NI UNA PIBA MENOS
NI UNA BALA MAS”

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