A fines del mes de junio, el juez federal Sebastián Casanello ordenó realizar amplios estudios de aguas, suelo, animales, vegetales y en la salud de los habitantes de las localidades de Jáchal e Iglesia en la Provincia de San Juan.
¿Los motivos? Profundizar la investigación de los efectos generados de los sucesivos derrames de cianuro de la “Mina Veladero” de la Barrick Gold. En esta línea instruyó al rector de la Universidad Nacional de Cuyo que, “de manera urgente”, realice un “amplio estudio relativo a la calidad de las aguas que se consumen en localidades de Jáchal e Iglesia” así como también dispuso que se lleven a cabo tomas de muestras de suelo “en las desembocaduras de los ríos Blanco, Potrerillo, La Palca, Las Taguas y Jáchal”.
? Por los derrames de cianuro, un juez mandó a realizar estudios del agua, del suelo y la salud de los habitantes de Jáchal e Iglesia https://t.co/NTcZngUJc6 pic.twitter.com/YU9mKHBBlP
— Diario BA (@diariodeBA) 6 de julio de 2018
Asimismo, exigió que se efectúe un estudio sobre la población de estas localidades: “deberán extraer muestras de sangre y orina de los presuntos afectados que estén dispuestos a a realizar los exámenes”, aclaró.
Sin embargo, la noticia no fue tomada de buena manera en algunos ámbitos provinciales y esta historia parece salida del mundo del revés.
El fiscal estatal Jorge Alvo, que representa a la sociedad sanjuanina, había adelantado hace algunas semanas atrás que realizaría una presentación ante la Corte Suprema de la Nación, denunciando el “nuevo atropello” de Sebastián Casanello: ahora, incluso, le pidió formalmente a la Justicia Federal que no se lleven a cabo los estudios ambientales.
