Hace algunos días atrás, el juez federal Sebastián Casanello ordenó realizar amplios estudios de aguas, suelo, animales, vegetales y en la salud de los habitantes de las localidades de Jáchal e Iglesia en la Provincia de San Juan.
¿Los motivos? Profundizar la investigación de los efectos generados de los sucesivos derrames de cianuro de la “Mina Veladero” de la Barrick Gold.
El magistrado instruyó al rector de la Universidad Nacional de Cuyo que, “de manera urgente”, realice un “amplio estudio relativo a la calidad de las aguas que se consumen en localidades de Jáchal e Iglesia” así como también dispuso que se lleven a cabo tomas de muestras de suelo “en las desembocaduras de los ríos Blanco, Potrerillo, La Palca, Las Taguas y Jáchal”.
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— Diario BA (@diariodeBA) 19 de abril de 2018
Por último, exigió que se efectúe un estudio sobre la población de estas localidades: “deberán extraer muestras de sangre y orina de los presuntos afectados que estén dispuestos a a realizar los exámenes”, aclaró.
La noticia, sin embargo, no fue bien recibida por algunos en San Juan. El fiscal estatal Jorge Alvo ya adelantó que realizará una presentación ante la Corte Suprema de la Nación, denunciando el “nuevo atropello” de Sebastián Casanello.
Vale la pena recordar que, por la contaminación que generó el derrame, la multinacional pagó tan sólo 140 millones de pesos y no sufrió ninguna otra consecuencia. Para colmo, según el abogado ambientalista Enrique Viale, ese monto es el equivalente “al dinero que obtiene de la extracción de oro en siete días”.
