El 3 de mayo del 2017, la Corte Suprema avaló el 2×1 en delitos de lesa humanidad: virtualmente, los genocidas ya tenían un pie en la calle.
El beneficio que brinda esta ley, que reduce el cómputo de la prisión, fue votada afirmativamente para los casos en que se cometieron delitos de lesa humanidad por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti.
El rechazo a la medida fue tal que, ante la indignación pública, un puñado de días más tarde obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto para limitar el beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad. Su posterior conversión en ley en el Senado fue la confirmación de que no se iba a poder avanzar tan fácil en la impunidad.
#SeñoresJuecesNuncaMás 10 de mayo de 2017. Hace un año el pueblo teñía de blanco la Plaza de Mayo para repudiar el beneficio que la Corte Suprema de Justicia otorgó a los genocidas de la dictadura. #NuncaMasGenocidasSueltos #NoAl2x1 pic.twitter.com/CZ21NKyGvV
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 10 de mayo de 2018
En medio del repudio generalizado, y sumado a una avalancha de recursos presentados por defensores de genocidas), cientos de miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo para exigir que no se aplique el beneficio para los torturadores y asesinos de la última dictadura cívico militar.
En julio del 2017, la ex titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que el 2×1 era “inaplicable” para represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Hasta la ONU le pidió a los magistrados que retrocedan en su postura.
Aunque la Corte Suprema sigue en deuda con la sociedad argentina – en marzo del 2018 comunicó que sigue vigente el fallo – es verdad que su aplicación no fue lo que esperaban los defensores de los militares: todas las instancias judiciales inferiores rechazaron la utilización del beneficio y tan sólo un juez falló a su favor.
