Casi todos los Carrefour de la Ciudad de Buenos Aires pararon el último sábado y el titular del Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, dictó la conciliación obligatoria: todo había arrancado hace algunas semanas atrás cuando la empresa presentó el “Procedimiento Preventivo de Crisis” con la intención de reducir costos y despedir a un gran porcentaje de sus empleados.
Este lunes, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria pese a que unas horas antes había sellado un acuerdo con el líder del sindicato de mercantiles, Armando Cavalieri, y la propia compañía de origen francés.
Dicho acuerdo, cuestionado por muchos de los trabajadores, “prevé retiros voluntarios de hasta 150% del sueldo para los que están cerca de la jubilación, el pago del 50% de las carga patronales de la compañía a cargo del Estado Nacional por 18 meses, la reconversión de una docena de hipermercados en mayoristas y el cierre de las bocas de expendio que funcionan en locales en alquiler solo cuando venzan los contratos”.
Según las primer estimaciones, el gobierno nacional le va a destinar a Carrefour nada más y nada menos que el monto equivalente a 540 mil asignaciones universales, a la parque le permitirá destruir aproximadamente mil empleos y bajar salarios.
El antecedente, para colmo, es ruinoso para las arcas estatales: ya los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo y reclamaron un trato igualitario.
