Aunque distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos de izquierda y otros cultos religiosos vienen desde hace tiempo con el tema, el escándalo en torno a cuánto gasta el Estado Argentino en el sostenimiento de la Iglesia Católica, aún siendo un país laico, parece hacer llegado para quedarse en la agenda pública.
La pregunta que planteó la diputada del bloque “Evolución” de Martín Lousteau, Carla Carrizo, en torno a las remuneraciones de funcionarios eclesiásticos en la Cámara de Diputados, disparó las críticas y la indignación en un contexto adverso para los bolsillos de la mayoría de los habitantes del país: se gastan, tan sólo en los sueldos de los obispos, $130.421.300.
“Los obispos diocesanos cobran $46.800 por mes; los obispos auxiliares $40.950; los obispos eméritos $40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos perciben una suma de $46.800, igual que los obispos diocesanos”, le contestó Marcos Peña en la sesión del último miércoles.
? Marcos Peña “blanqueó” cuánto gasta el Estado en sueldos para funcionarios de la Iglesia Católica: “La remuneración de los obispos totaliza para este año la suma de $130.421.300” https://t.co/Yp2XcuCkjP pic.twitter.com/Ju7yw5tnRM
— Diario BA (@diariodeBA) 14 de marzo de 2018
Horas más tarde, la propia legisladora, en diálogo con distintos medios, sentó su postura luego de confirmar que presentarán un proyecto para derogar las leyes que lo permiten: “Esto es una desmesura. Los obispos tienen el sueldo de un juez de primera instancia, mucho más de lo que gana un maestro, y no pagan ganancias”.
Pero el asunto no termina ahí: a esta cifra se le debe sumar el presupuesto adicional que se destina a, por ejemplo, los subsidios a las escuelas católicas, seminaristas y gastos adicionales. Teniendo todo esto en cuenta, la cantidad de plata que sale de las arcas públicas para el financiamiento del catolicismo es desorbitante.
Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, también se sumó al debate y envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone la derogación de una decena de decretos: “El dato de Peña es revelador, pero es parcial. No sólo garantizan el pago de las dietas sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Marcos Peña”.
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“A estos aportes habría añadir los inmuebles, exenciones impositivas y otros tantos ingresos que recibe la Iglesia de parte del Estado, de manera indirecta. La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar y todavía están vigentes, gobierno tras gobierno”, remató.
Resulta curioso que ni la “magra” relación entre Mauricio Macri y el Papa Francisco le puso un alto a esta histórica política de entregarle fondos y patrimonios estatales a dicha institución: ya a fines del año 2015, y gracias al voto en conjunto del PRO y el Frente Para la Victoria (FPV), el GCBA le cedió más de 30.000 metros cuadrados a la Iglesia Católica.
En vez de ocuparse de la construcción de viviendas sociales o de la urbanización de los barrios y villas, las autoridades porteñas decidieron, en ese entonces, transferirle varios inmuebles que pertenecían al Instituto de la Vivienda (IVC).
