Avruj se comprometió a rechazar las domiciliarias. https://t.co/zesTJdgowX
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 14 de marzo de 2018
La semana pasada fue dura para los organismos de derechos humanos: por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) comunicó que el fallo del 2×1 para genocidas que firmó el año pasado y que suscitó grandes protestas y rechazo en la opinión pública continúa vigente.
Por el otro, se conoció que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de un pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, le envió un listado de 1.111 detenidos a jueces penales para que “analicen” si se les puede otorgar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica o que directamente salgan bajo libertad condicional.
Poco menos de un 10% de este “padrón” lo integran genocidas y represores – que cometieron numerosos asesinatos, violaciones, hurtos y apropiaciones de niños durante la última dictadura cívico militar – condenados por delitos de lesa humanidad.
? Abuelas de Plaza de Mayo: “Exigimos que nuestros nietos y nietas puedan vivir en libertad” https://t.co/vnqDgLAYUC pic.twitter.com/uMd93phaFT
— Diario BA (@diariodeBA) 12 de marzo de 2018
Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron en la tarde del miércoles al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj: este se comunicó con la institución luego de la conferencia de prensa que realizaron para manifestar preocupación por el pedido de prisión domiciliaria del apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, Francisco Gómez.
“Le exigimos a Avruj acciones claras que demuestren que la secretaría que dirige rechaza las prisiones domiciliarias a los genocidas y que arbitre los medios pertinentes para evitar este beneficio. En este sentido, solicitamos que la secretaría cuente con un equipo de peritos que participe de los exámenes médicos, ante los pedidos de domiciliarias de los abogados defensores de los represores”, señalaron a través de un comunicado.
“De la reunión participó también Guillermo Pérez Roisinblit, y Avruj se comprometió a que la Secretaría de Derechos Humanos intervenga en su causa y lo acompañe en las próximas audiencias. De todas formas, desde Abuelas se reiteró que el caso de Guillermo se repite en decenas de causas y que esperamos acciones claras que demuestren una política contra las prisiones domiciliarias para los criminales de lesa humanidad”, aclararon.
