Comunicado completo: Reiteramos la preocupación por las domiciliarias a represores y apropiadores https://t.co/BexnuFcxeD
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 12 de marzo de 2018
La semana pasada fue dura para los organismos de derechos humanos: por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) comunicó que el fallo del 2×1 para genocidas que firmó el año pasado y que suscitó grandes protestas y rechazo en la opinión pública continúa vigente.
Por el otro, se conoció que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de un pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, le envió un listado de 1.111 detenidos a jueces penales para que “analicen” si se les puede otorgar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica o que directamente salgan bajo libertad condicional.
Poco menos de un 10% de este “padrón” lo integran genocidas y represores – que cometieron numerosos asesinatos, violaciones, hurtos y apropiaciones de niños durante la última dictadura cívico militar – condenados por delitos de lesa humanidad.
En conferencia de prensa, las Abuelas de Plaza de Mayo fustigaron la intención gubernamental y, haciéndose eco del relato de Guillermo Pérez Roinsiblit, brindaron una conferencia de prensa en donde sentaron una vez más su posición sobre el tema.
Estela de Carlotto, titular de la asociación, señaló: “Exigimos que nuestros nietos y nietas puedan vivir finalmente en libertad”.
Rosa Roisinblit, por su parte, agregó: “Aquel que cometió un delito tiene que cumplir con su condena. No hay libertad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad”.
Por último, Guillermo Pérez Roinsiblit, remató: “Desde el martes tengo miedo, no estoy tranquilo. Imaginen qué puede estar pensando este criminal que, cuando se enteró que vendría a Abuelas me amenazó de muerte, ahora que fue condenado porque testifiqué en su contra”.
