La noticia se conoció en las últimas horas: el Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de un pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, le envió un listado de 1.111 detenidos a jueces penales para que “analicen” si se les puede otorgar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica o que directamente salgan bajo libertad condicional.
Poco menos de un 10% de este “padrón” lo integran genocidas y represores – que cometieron numerosos asesinatos, violaciones, hurtos y apropiaciones de niños durante la última dictadura cívico militar – condenados por delitos de lesa humanidad.
? Los organismos de derechos humanos se oponen al proyecto del gobierno en Campo de Mayo: “Aún buscamos a muchos bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en ese centro clandestino” https://t.co/F5KEeR6AjY pic.twitter.com/yR0Tjykqvv
— Diario BA (@diariodeBA) 5 de marzo de 2018
Según InfoBAE, que tuvo acceso al informe, entre estos presos que las autoridades “sugieren” liberar está nada más y nada menos que “El Tigre” Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua.
También se encuentran Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda, represores de la ESMA, el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, todos condenados a prisión perpetua.
De la misma manera, Julio Simón, alias “el Turco Julián”, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires, podrían acceder a estos beneficios.
