La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, definieron en las últimas horas las apelaciones de 34 personas procesadas por intimidación pública y otros delitos tras la primera gran manifestación contra la reforma previsional.
Los magistrados confirmaron el procesamiento de 23 personas por hechos puntuales de “atentados contra la autoridad”, entre otros, descartando en todos los casos la aplicación del artículo 211 del Código Penal, es decir, la figura de “intimidación pública”.
En este sentido, argumentaron que “la cronología y espacio de comisión de los eventos, así como la falta de indicios concordantes sobre la organización previa reveladora del propósito exigido por la norma, conduce a que su aplicación sea a esta altura descartada”.
“El punto de partida resulta el de diferenciar a quienes mediante marchas populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar su malestar ejercen sus derechos constitucionales de quienes cometen otros actos delictivos -como el de daños o lesiones, por ejemplo-, por fuera de esa hipótesis”, aclararon los jueces.
Asimismo, los camaristas revocaron los procesamientos, por falta de pruebas, de once otras personas.
Vale la pena recordar que, además, Irurzun y Farah confirmaron este último martes parcialmente el procesamiento de César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce, dos militantes del Partido Obrero (PO), que están denunciandos por haber agredido a un efectivo de la Policía de la Ciudad durante las protestas del #18D contra la reforma previsional.
