En su último informe, Amnistía Internacional advirtió sobre la “criminalización de la protesta social” y la pérdida de “libertad de expresión” en la Argentina, entre otros puntos “espinosos” donde el gobierno de Mauricio Macri estaría fallando.
El primer funcionario en salir al cruce fue el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj: “Es un informe sesgado, incompleto y que deja mucho que desear”, disparó.
“En el caso Maldonado, omiten las decisiones tomadas, cómo la Justicia ha avanzado y cómo ha ido resolviendo el tema. Hay una decisión de que eso esté omitido, así como está omitido el Plan Nacional de Derechos Humanos, así como está omitido en pueblos originarios la creación del Congreso Consultivo y Participativo. En este caso Amnistía Internacional tomó partido. Cuando fue conocido el resultado de la autopsia, así y todo siguió criticando el acciona”, subrayó.
? La situación en Argentina, según Amnistía Internacional: la pérdida de derechos de los migrantes figura como una de las “tendencias preocupantes” https://t.co/72e3hY6w7X pic.twitter.com/wNQ8xbXame
— Diario BA (@diariodeBA) 22 de febrero de 2018
“En el caso de Milagro Sala la justicia ha avanzado mucho, ha habido dictamen de la Corte Interamericana y la Corte Suprema que se han cumplido, pero dicen que no se ha cumplido con lo que ha pedido el grupo de trabajo de las Naciones Unidas. Pero ellos saben, como sabemos todos, que sus opiniones no son vinculantes. Lo único que es vinculante para el Estado argentino son los fallos de la Corte Interamericana”, agregó Avruj.
Respecto de “la criminalización de la protesta social”, señaló: “Nada se dice de lo que pasó en la segunda manifestación. El trabajo de Amnistía sobre la protesta social no habla de los grupos violentos que intentaron en esas fechas que el Congreso no sesionara para que no se tratara una ley. Hubo en 2017 cerca de 5.000 piquetes en el país y no se produjeron hechos represivos. Prueba de eso es que en la marcha que ayer hizo el gremio de Camioneros tampoco se produjeron incidentes con las fuerzas de seguridad”.
Por último, respecto de la deuda con los pueblos originarios, remató: “En esa parte no se menciona la sanción de una prórroga de la Ley de Tierras para las comunidades originarias, la creación de un Consejo Consultivo para los pueblos indígenas y el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAE) a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, ya que antes estaba en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social”.
