Con diversas declaraciones públicas el gobierno busca ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el accionar policial sean debilitados o inutilizados https://t.co/VoKbBvxBio
— CELS (@CELS_Argentina) 7 de febrero de 2018
Luego de otro día de debate y polémica en torno a la defensa del gobierno de Mauricio Macri para con el policía Luis Chocobar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) volvió a alertar sobre los riesgos que entraña el dar “vía libre” para actuar y disparar a las fuerzas de seguridad.
“Si bien la idea de que existe un complot contra los policías para considerarlos siempre culpables no resiste el menor análisis, es un elemento que está presente en algunos discursos corporativos de las propias instituciones policiales, reacias a cualquier forma de control o limitación de sus facultades. La asunción de esa idea por parte de la autoridad política es un hecho grave que va en línea con los mensajes de los últimos dos años, en los que se aprecia una creciente identificación de los funcionarios políticos con el discurso policial”, advirtieron a través de un comunicado.
“Esta progresiva identificación entre autoridad política e institución policial implica en la práctica una renuncia a controlar a las fuerzas, al menos en lo que hace a los casos de violencia policial”, agregaron.
? Patricia Bullrich defendió al policía Chocobar: “Este caso ratifica una mirada que tiene nuestro gobierno: las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento” https://t.co/GT2ZQRKZnS pic.twitter.com/Zy5CA7MJM3
— Diario BA (@diariodeBA) 6 de febrero de 2018
En referencia a los dichos de Patricia Bullrich, señalaron: “A través de las declaraciones de la ministra el gobierno dio un paso más allá, al impulsar una nueva ‘doctrina’ que implicaría que también el poder judicial debería convalidar todo lo actuado por las fuerzas policiales. La ministra lo expresó en términos confusos y erróneos, al proponer la ‘presunción de inocencia’ para los policías, lo que ya existe no sólo para los policías sino para cualquier persona imputada judicialmente. Más allá de esta confusión, se trata de una presión indisimulada dirigida a los funcionarios judiciales para que no investiguen los casos de uso letal o lesivo de la fuerza. De esta manera, se busca también neutralizar los controles judiciales a la actuación policial”.
“Si bien no se sabe cuántos policías mueren cada año porque el Estado nacional y las provincias no publican ese dato, las estadísticas del CELS válidas para el Área Metropolitana de Buenos Aires muestran que más del 70% de los policías muertos desde 1996 estaban fuera de servicio. Por lo tanto, la reducción de la mortalidad policial no dependerá de que puedan disparar sin control, sino de que se trabaje sobre las formas de reaccionar y de intervenir de los policías que no se encuentran en servicio”, explicaron luego.
“La reducción de la letalidad policial debe ser un objetivo de cualquier conducción democrática de las fuerzas de seguridad. Los mensajes que desacreditan a los principios y estándares para el uso racional de la fuerza y que buscan condicionar al poder judicial van exactamente en el sentido contrario. Una policía eficaz es una policía que mata menos”, concluyeron.
- Para leer el comunicado completo: CELS
