Desde que se conoció la noticia del embargo al policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un delincuente que venía de robar y acuchillar a un turista norteamericano en La Boca, la sociedad argentina volvió a quedar dividida en medio de una gran polémica en torno al “garantismo”, “la pena de muerte” y la “responsabilidad policial”.
A las críticas del CELS en torno a la postura pública que asumió el gobierno de Mauricio Macri sobre el tema, ahora se le sumó CORREPI: a través de un comunicado advirtieron sobre las consecuencias que ello acarrea para la seguridad en democracia y cargaron especialmente contra Patricia Bullrich.
“En una palabra, la pena de muerte es ley de facto, se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un ‘enfrentamiento’, y se defiende como política pública su accionar”, aseveraron en su página web.
? El CELS cuestionó el discurso del gobierno: “Una policía eficaz es una policía que mata menos” https://t.co/vN0FlRt8Q8 pic.twitter.com/LZ2F3o5cVb
— Diario BA (@diariodeBA) 7 de febrero de 2018
“Confrontada con los datos del Archivo de casos de CORREPI, que muestran que bajo el gobierno de ‘Cambiemos’ hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil, torturas, en lugares de detención y demás modalidades de la represión estatal, la ministra hizo lo mismo que, por turno, todos sus antecesores: dijo que CORREPI miente, que los datos son falsos”, prosiguieron desde el organismo que tiene como referente a María del Carmen Verdú.
“Nuestro archivo es público desde 1996. Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente –si se anima- cada caso”, agregaron con dureza.
“Hace casi 30 años que enfrentamos el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y el resto de las herramientas represivas en democracia, que no son consecuencias indeseadas de abusos, excesos, o loquitos sueltos, sino que implican una política de estado. Gritamos en cada movilización que ‘No es un policía, es toda la institución’, y que las fuerzas no se autogobiernan, sino que cumplen las directivas que imparten los gobiernos que las dirigen. Hoy es el propio gobierno nacional el que lo reconoce, lo asume y lo propagandiza: ‘Para eso fuimos elegidos”’, dijo Bullrich”, concluyeron.
- Para leer el comunicado completo: CORREPI
