A un mes de las protestas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional en el Congreso de la Nación, todavía hay siete manifestantes – de los cuales la familia de uno afirma que ni siquiera concurrió a la movilización sino que se encontraba paseando por la zona – presos.
Cinco de ellos fueron detenid0s el #14D y permanecen encarceladas, a cargo del juez federal Claudio Bonadío: se trata de Diego Parodi y Pablo Giusto, detenidos en la vereda de la comisaría de la comuna 4 cuando pedían por la liberación de otros detenidos; Juan Salomón Vallota y Sebastián Giancarellil, quienes se encontraban en situación de calle y fueron detenidos durante la represión y Esteban Rossano, también detenido durante la manifestación pese a que la propia familia denuncia que le “armaron” la causa ya que él estaba simplemente paseando por el centro porteño.
Las imputaciones son por “los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños, lesiones, tumulto, incitación a la violencia e intimidación pública”.
? #18D: El juez Sergio Torres pedirá una orden de captura internacional para Sebastián Romero https://t.co/Eh5obILOHZ pic.twitter.com/5b3SdgrUfL
— Diario BA (@diariodeBA) 15 de enero de 2018
“Según el Poder Judicial, estas personas permanecen privadas de la libertad o bien porque ‘no pueden acreditar domicilio’ o bien porque todavía ‘no se tiene un panorama completo’ de lo sucedido y no está finalizada la investigación para definir las responsabilidades. Es decir que se las detuvo para iniciar una investigación y no al revés”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Respecto del #18D, los detenidos son César Arakaki y Dimas Ponce, quien se presentó ante la justicia el 9 de enero y perdió su libertad: a ambos, militantes del Partido Obrero (PO), se los causa de “agredir y lesionar policías, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado”.
Vale la pena recordar que a los dos les negaron la excarcelación y la eximición de prisión por la pena en expectativa, por la presunción de que intentarán eludir la justicia y “por la presunción de que podría impedir el normal desarrollo del proceso por su supuesta conexión con Sebastián Romero, actualmente prófugo, que tampoco es explicada”.
