En noviembre del 2017, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) pudieron acceder a material documental en el que, afirmaban, el Ministerio de Ambiente conducido por Sergio Bergman buscaba “eliminar el carácter prohibitivo” de la “Ley de Glaciares”.
“Es un documento interno del Ministerio de Ambiente que es un borrador de decreto reglamentario de la ley que tiene como objetivo destrozarla, dándole laxitud a las prohibiciones establecidas”, aseguró en esa oportunidad el abogado Enrique Viale.
Luego de varias confirmaciones y rumores entreverados, el diario “La Nación” le realizó una nota a Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en donde ratifica la postura del gobierno de darle luz verde a las modificaciones.
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— Diario BA (@diariodeBA) 12 de enero de 2018
“Los cambios deben permitir la preservación de los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia”, afirmó.
Tras subrayar que la iniciativa tiene la aprobación de Mauricio Macri, sostuvo: “Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración”. Los empresarios consideran que “no todo el ambiente periglaciar” hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera: la evidencia científica ha remarcado en numerosos informes que esto no es así y que el ambiente debe ser protegido.
Vale la pena recordar, además, que la “necesidad” de modificar la ley se debe, según empresarios y funcionarios, en “favorecer la creación de empleo”: sin embargo, se sabe que la minería no es el “motor del desarrollo” ni, como pretenden otros discursos”, una “industria limpia”: genera sólo el 0,09% del total de empleos registrados.
