La contracara del procesamiento de tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente por incumplir la #LeyDeGlaciares tras los derrames de cianuro por parte de la Barrick Gold en la Mina Veladero parece ser la situación que vive Ricardo Villalba, glaciólogo del Conicet. El asunto es, por demás, demasiado complejo.

El científico fue procesado penalmente por el juez Sebastián Casanello: lo acusa porque en el diseño del Inventario Nacional de Glaciares dispuesto por la Ley 26.639 y ejecutado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), entidad de la que fue director por concurso entre 2005 y 2015, “se dispuso incluir cuerpos de hielo y ambiente periglacial de más de una hectárea”, con lo que habría dejado “desprotegidos” los existentes en la cuenca del Rio Jáchal, en la Provincia de San Juan.

El abogado ambientalista Enrique Viale, en nombre de la Asamblea de Jáchal, fue uno de los primeros en salir a aclarar el polémico asunto tras el fallo, explicitando su posición: “Nosotros no denunciamos a Ricardo Villalba. Denunciamos el incumplimiento de la Ley de Glaciares y el documento creado por el IANIGLA “Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución” del año 2010 donde se establece la restricción de 1 hectárea y la limitación a glaciares de escombros como periglacial, por violar la letra de la Ley de Glaciares. Denunciamos que si se hubiese cumplido la letra de la Ley de Glaciares (del año 2010) los derrames de cianuro (del 2015) no hubiesen ocurrido porque la empresa Barrick no hubiese podido seguir operando por estar en una zona prohibida por la norma”.

“Las consecuencias de establecer el límite de 1 hectárea y restringir el ambiente periglacial a glaciares de escombros tiene consecuencias muy concretas: más de 1000 geoformas borradas en el inventario de San Juan y también quedaron fuera del ING el glaciar Toro 1 (que está en el futuro tajo de Pascua Lama) y el glaciar Brown Inferior (sito en el camino minero de Veladero y Pascua-Lama), entre tantos otros ejemplos”, aclaró luego.

“Las modificaciones a la Ley de Glaciares que anunció Macri – y pide el lobby minero – son exactamente las mismas que se cuestionan al IANIGLA: una hectárea, significancia hídrica y periglacial solamente los glaciares de escombro, todas incluidas ya en el “‘Cronograma’ realizado y usado por el IANIGLA”, remató Viale.

Por otra parte, en diálogo con Nora Bar, periodista de “La Nación”, Ricardo Villalba aclaró cuál es su postura y por qué considera, junto a buena parte de la comunidad científica internacional, que es injusto el procesamiento: “Esto es lamentable porque se destruye la confianza en un instituto con 40 años de trabajo en pro de la preservación del ambiente andino. El juez y los abogados de la asamblea cuestionan la metodología con la que se hizo el inventario aduciendo que favoreció a la empresa Barrick Gold, le permitió seguir operando y producir el derrame. Pero las técnicas para elaborar estos instrumentos están estipuladas por organismos internacionales. En nuestro caso, por razones operativas y de precisión de las fotos satelitales, adoptamos el mínimo de una hectárea. Suiza, por ejemplo, mide superficies a partir de 10 hectáreas, y Francia y Canadá, a partir de cinco”, explicó el científico.

“No entiendo porqué se hace tanto hincapié en el mínimo de una hectárea, si en la zona se relevaron 30 cuerpos de hielo con una superficie de cuatro kilómetros cuadrados, 40 hectáreas. El inventario registró la existencia de glaciares en Veladero y Pascua Lama, con lo cual existen motivos más que suficientes para detener la explotación minera en la región, si así se decidiera. Pero eso no le compete al Ianigla, que no es la autoridad de aplicación”, agregó.

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