El escándalo internacional que desataron los “Paradise Papers” repercutió, por supuesto, en la Argentina: el primer apuntado por tener sociedades offshore fue Luis Caputo, nada más y nada menos que el titular del Ministerio de Finanzas.
Sin embargo, el tema parece haber llegado para quedarse: Mariel Fitz Patrick, que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas que llevó adelante la investigación, reveló que también está implicado el actual mandamás del Ministerio de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.
Según la periodista, el ministro fue director de una sociedad offshore creada en Barbados por Shell para proveer gasoil en América Latina: la misma sigue vigente aunque Aranguren ya no formaría parte de la misma.
? Los #ParadisePapers salpicaron a Luis Caputo: el ministro estuvo vinculado a un entramado de sociedades offshore https://t.co/FuOUUqw3V8 pic.twitter.com/ULScxly7yR
— Diario BA (@diariodeBA) 6 de noviembre de 2017
El escándalo, en este caso, sería mucho mayor al de Caputo: desde diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia, dicha offshore “ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado”.
El caso más resonante es este: en abril de 2016, “Shell Western Supply and Trading”, de la cual el ministro fue director, se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del Ministerio de Energía.
“Fue la que ofertó el precio más conveniente para el Estado. Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características”, explicó Juan José Aranguren al ser consultado por el tema.
Vale la pena recordar que el ministro estaba en la mira por su rol en Shell y el notorio incremento en los contratos que la firma suscribió con la Argentina desde que “Cambiemos” ganó las elecciones presidenciales.
En 2016, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso determinó que el funcionario “debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell” en función de lo que exige la Ley de Ética Pública.
