Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos continúan impulsando una “investigación independiente” a más de año y medio del asesinato de Berta Cáceres en Honduras.
Desde un inicio, los abogados de la luchadora por los derechos ambientales le exigieron a las autoridades “que haya transparencia en las pesquisas”.
? Los ambientalistas en riesgo: en lo que va del 2017 fueron asesinados 113 activistas https://t.co/RHBLSRoNB7 pic.twitter.com/EW0LHHPW8s
— Diario BA (@diariodeBA) 4 de agosto de 2017
En un informe que se divulgó, pero que fue adelantado por CNN, el grupo Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), concluye que el crimen no fue en modo alguno un hecho aislado.
Según el grupo, tienen las evidencias suficientes para demostrar “la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA (Empresa Desarrollos Energéticos S.A) en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres”.
Vale la pena recordar que, actualmente, hay ocho implicados que están acusados por el delito de “asesinato” y “asesinato en su grado de tentativa”: cuatro de ellos son exmilitares y uno era un técnico ambientalista del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (DESA).
