La titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que el 2×1 es “inaplicable” para represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según el fallo que emitió la procuradora, otorgarle el beneficio constituiría “una desnaturalización de la pena y, por ende, el apartamiento de la obligación del Estado de sancionar adecuadamente los crímenes contra la humanidad”.
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— Diario BA (@diariodeBA) 14 de julio de 2017
“Tendría, en los hechos, los efectos de una conmutación de penas contraria a las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y de la Constitución Nacional”, advirtió con severidad.
En esta línea, indicó que basó su argumentación en “la obligación del Estado de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales”.
Con este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estaría en condiciones de resolver los pedidos de reducción de pena que permanecen en suspenso desde que se habilitó al represor Luis Muiña, hace dos meses, a gozar del beneficio.
